A imprensa internacional confirma nossos alertas sobre Brasil virar um nova Venezuela:"Si Dilma sigue en el poder, Brasil se terminará convirtiendo en Venezuela"

"En los últimos días, las calles de Brasil se han colapsado por las manifestaciones (programadas y espontáneas) defendiendo a Dilma y a Lula o, por el contrario, exigiendo el tan frecuente lema latinoamericano: "Que se vayan todos"

                                                                               Las protestas en Sao Paulo - J.G.S.
                           JOSEFINA G. STEGMANNSao Paulo - 21/03/2016 a las 08:30:40h. - Act. a las 18:45:41h.

La avenida Paulista, la principal de esa inmensa y devoradora ciudad que es São Paulo, es tan extensa que uno puede encontrarse las cosas y personajes más imprevisibles a cada metro. Los domingos se cierra para dar paso a los peatones y a las bicis, a la vida familiar y a las parejas, a los skaters, a los corredores sudorosos que presumen de abdominales, y por supuesto, a la música. Al final es verdad aquel estereotipo de que los brasileños llevan la fiesta en la sangre, parece que la alegría es un invento suyo. Un grupo de jóvenes y no tan jóvenes toca los bombos, mientras otros agitan el shekere (agbe, en portugués) con una destreza hipnótica. Es un instrumento de percusión africano, una calabaza seca envuelta con cuentas de colores tejidas en un red, que al agitarse generan un sonido penetrante que hace bailar hasta a las aceras. Otro metro y un grupo de rock: jóvenes flaquísimos con pantalones de pitillo tocan sus mejores canciones con voz de ultratumba, mientras un mendigo deja una pesada bolsa en el suelo y en el medio del espontáneo escenario empieza a bailar. Otro metro y un puesto de mazorcas hervidas que un turista compra sin saber muy bien por qué.

Era evidente que aunque no hubiera manifestaciones programadas, algo iba a suceder en la avenida Paulista. Brasil está convulsionada desde que el pasado viernes 4 de marzo, cuando la policía, por orden del juez federal Sérgio Moro, fue a la casa del expresidente Lula para llevarlo a declarar acusado de corrupción en el caso de Petrobrás.

En la entrada de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) hay unas cuantas tiendas de campaña coronadas por un monigote de Lula, en cuya pierna cuelga un grillete. Un pato hinchable de un tamano descomunal dice: Naovoupagaropato.com.br, en alusión a una página que junta firmas en contra del aumento de impuestos. Desde lo alto del edificio y en todos los postes de la avenida ondean banderas de Brasil, mientras que otras protegen los hombros descubiertos de quien lleva de pie y tocando el silbato unas cuantas horas y tolera cada vez menos la impertinencia del viento, en una ciudad que se niega a sentir frío. Pancartas, caretas, un cartel dedicado a Sérgio Moro, en el que sostiene una jaula de pájaro con una caricatura de Lula dentro, mientras que otro que dice: «Moro, Brasil está contigo»...Y por encima de todo, el grito inagotable de la gente: «Fuera Dilma», «Fuera PT», «Fuera Lula».

Celio Cruz trabaja en una empresa de seguros, tiene 50 años y recuerda una y otra vez que se trata de una manifestación espontánea. «Nosotros no pertenecemos a ningún partido, somos ciudadanos que venimos a manifestarnos». Dice que el problema es la corrupción, todo el dinero que, a su juicio, se ha robado el gobierno de Dilma Rousseff, sucesora de Lula, y el propio Lula y que ha llevado al país al caos. No es su voz precisamente la de los que defienden que el país ha mejorado con el Partido de los Trabajadores, la de los acérrimos defensores de Lula y Dilma, que les ponen el distintivo de haber reducido las cifras de pobreza y haberle dado una oportunidad a los menos favorecidos: «Gracias a Lula los pobres han podido acceder a la Universidad, esto es una maniobra para sacarlo del poder, parece mentira que la gente que lo critica de corrupción sean los mismos que están envueltos en escándalos de corrupción», lamenta Fernando Fernandes, profesor de música, refiriéndose a Aécio Neves, líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en la oposición, y acusado de corrupción por Delcídio do Amaral, senador del PT que fue detenido en noviembre de 2015 por su participación en la red de Petrobrás. Algo parecido al caso de Eduardo da Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, adversario de Rousseff, y que fue denunciado por Amaral y hace escasos días por el procurador Rodrigo Janot, por corrupción pasiva y lavado de dinero.

«Nosotros no defendemos a ningún político y si cometen delitos deben todos rendir cuentas a la justicia», explica Reinaldo Esquivel, de 41 años, que participa en las marchas en contra del PT y que lamenta las mentiras acerca del bienestar que en teoría Dilma y Lula le dieron al país. «Hay inflación, hay paro, yo no estoy trabajando; Brasil ya no es un país para vivir», lamenta. No niega que se ha hecho una labor social pero considera que ha sido más bien una campaña de marketing que ha llegado a poca gente. «Se hicieron obras en el norte, que es una de las zonas más pobres, pero no fue suficiente, se destinó poco dinero porque al final se lo robaron todo; funcionó como campaña de marketing, para conseguir votos», asegura Esquivel, que así justifica por qué pese a los escándalos, el PT sigue en el gobierno.

Otro de los protagonistas de esta enorme convulsión que vive Brasil en tan solo quince días es el juez Sérgio Moro, que instruye el caso. «Todo esto es una guerra política, y Moro quiere quitar de en medio al PT para poner a algún amigo suyo del PSDB», asegura Fernandes. «Moro es un funcionario público que está haciendo su trabajo, es la primera vez que en Brasil estamos viviendo algo así», defiende Esquivel. A su lado, Eliana, una china con un perfecto acento portugués dice: «Llevo 50 años en Brasil, esta es mi patria y Dilma tiene que irse, se lo han robado todo, son lo peor que ha tenido este país, si sigue en el poder, Brasil se convertirá en Venezuela».

La policía intenta dispersar a la gente de la avenida Paulista. El domingo va llegando a su fin y los coches vuelven a circular. O al menos lo intentan, ya que se crea una caravana lenta porque los manifestantes detienen los coches y arengan a los conductores para que sigan sus cánticos, que la mayoría acompaña con bocinazos. En la inmensa fachada del edificio del FIESP, mientras Sao Paulo se niega a dormir, aparece en luces de neón la bandera de Brasil, que deja de titilar para dar paso a la gran palabra que hoy paraliza el país: impeachment, proceso de destitución abierto en el Congreso contra Rousseff por maniobras fiscales (que no la causa de Petrobras) si en 45 días no consigue reunir los aliados necesarios.

fonte: http://www.abc.es/internacional/abci-si-dilma-sigue-poder-brasil-terminara-convirtiendo-venezuela-201603210830_noticia.html

Traidores do povo: Conheça os deputados que se colocam contra 70% dos brasileiros e lutam para manter a presidente Dilma no poder. Em breve eles vão pedir o seu voto

De costas para o eleitor

Conheça os deputados que se colocam contra 70% dos brasileiros e lutam para manter a presidente Dilma no poder. Em breve eles vão pedir o seu voto

Fabíola Perez
Daqui a pouco mais de um mês, o destino de Dilma Roussef na presidência da República estará nas mãos dos 513 deputados que compõem a Câmara Federal. Para que ela seja afastada do cargo e o processo avance, é necessário que dois terços (342) dos parlamentares sejam favoráveis à interrupção de seu mandato. O processo segue então para o Senado para ser votado em uma sessão presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Nessa fase, se a maioria simples – metade mais um dos senadores – concordar com o afastamento, a presidente é destituída do cargo. 

“É muito difícil sustentar o atual governo, a opinião pública não acredita nele”, diz Álvaro Martim Guedes, especialista em administração pública da Universidade Estadual Paulista (Unesp). O apoio da população ao impeachment cresceu oito pontos desde fevereiro, segundo mostrou pesquisa Datafolha divulgada neste mês. O levantamento mostra que 68% dos eleitores são favoráveis ao afastamento da presidente. O índice de reprovação também aumentou: 69% avaliam a gestão Dilma como ruim ou péssima. 

 

Apesar disso, existem 143 parlamentares (118 deputados e 25 senadores) contrários à destituição da presidente. Esses deputados estão filiados às siglas que constituem a base de apoio do governo, como PMDB, PCdoB e PSOL, entre outros. “São partidos que, de alguma forma, tiram algum benefício da situação. Mas, ainda assim, esse suporte não se mostra firme”, afirma Guedes. No tabuleiro político, ser favorável a um governo impopular pode implicar sérios riscos de morte na vida pública. 

“Esses parlamentares precisam prestar atenção ao recado dado nas ruas. As pessoas estão decepcionadas com o mundo político e bastante irritadas. O eleitor sabe que tem condição de se vingar deixando de votar nele”, afirma o cientista político Marco Aurélio Nogueira. Para David Fleischer, cientista político da Universidade de Brasília, as consequências podem ser sentidas já nas eleições municipais deste ano. “Os aliados desses políticos que votarem contrários ao impeachment podem perder feio no próximo pleito”, diz.

 

Na atual conjuntura, em que milhões de brasileiros saem de casa e tomam as ruas para manifestar sua insatisfação sistematicamente, esses 143 parlamentares assumem posições de risco. “Eles estão virando as costas para a população, quem não ouve o clamor das ruas não consegue se reeleger”, diz Lúcia Hipólito, analista política. Dentro dessa onda de pressão popular, o movimento Vem Pra Rua criou o Mapa do Impeachment. Ao longo desta reportagem estão listados os 118 deputados que, no momento, são contrários ao afastamento de Dilma, de acordo com informações colhidas na página do Vem Pra Rua. 

Favores: Ao centro, o líder do PMDB na Câmara contrário ao impeachment

Leonardo Picciani com o ministro da Saúde, Marcelo Castro (à dir.):

apoio ao governo federal em troca de cargos públicos

O site lista por nome todos os deputados e senadores indecisos, contrários e favoráveis ao afastamento da presidente. Divididos por região e estado, a ficha possui dados como telefone, evolução patrimonial, bens declarados e doadores de campanha. Com as informações, o eleitor pode verificar, por exemplo, que a maioria recebeu doação de empresas investigadas pela Operação Lava Jato. “É a primeira vez que se reúne em uma ferramenta o posicionamento de deputados e senadores em matérias de interesse nacional”, afirma Rogério Chequer, líder do movimento. 

 

Vale lembrar que este Mapa do Impeachment deve mudar bastante nos próximos tempos. Na terça-feira 29, por exemplo, está prevista a reunião do diretório nacional do PMDB que decidirá se a legenda ficará ou não na base de apoio do governo. O objetivo da ala oposicionista é declarar o rompimento imediato com a gestão petista, o que faria a presidente não sobreviver ao processo de impeachment na Câmara. No momento, há 12 deputados federais do partido contrários ao afastamento de Dilma, entre eles o líder na Câmara Leonardo Picciani (PMDB-RJ).

Exemplo clássico do fisiologismo que marca a legenda, o deputado apoiou o candidato à presidência pelo PSDB Aécio Neves em 2014 e atualmente é aliado do Palácio do Planalto, desde que pode indicar dois ministros: o da Saúde, Marcelo Castro, e o da Ciência e Tecnologia, Celso Pansera. Mesmo que esteja ligeiramente dividido, explica Lúcia, o PMDB é o “fiador da estabilidade do regime”. Depende praticamente da legenda a destituição do governo. A maior bancada da Câmara contra o impeachment é, obviamente, a do PT. Atuando em parceria com o Planalto, os 70 parlamentares petistas têm a difícil tarefa de arregimentar mais aliados e se fazer ouvir, em meio ao grito das ruas e aos índices de impopularidade das pesquisas.

Colaborou: Camila Brandalise


fonte: http://www.istoe.com.br/reportagens/449545_DE+COSTAS+PARA+O+ELEITOR

Os 7 crimes de Dilma

A PF, o MP e a Justiça Eleitoral já reúnem elementos para enquadrar a presidente em pelo menos sete crimes

Sérgio Pardellas
Na terça-feira 22, a presidente Dilma Rousseff proferiu o seu mais inflamado discurso desde o início da crise política. O pronunciamento apoiou-se no pretenso argumento de que até agora ela não cometeu crime algum e que, por isso, estaria sendo vítima de um golpe contra a democracia. “Não cometi nenhum crime previsto na Constituição e nas leis para justificar a interrupção do meu mandato. Neste caso, não cabem meias palavras: o que está em curso é um golpe contra a democracia”, afirmou Dilma. 

A retórica repetida como ladainha em procissão é típica de mandatários em apuros, quando não há muito mais o que fazer senão aguardar o fim que se avizinha. Em seus últimos dias como presidente, em 1992, Fernando Collor recorreu ao mesmo expediente. “Custe o que custar, eu serei o primeiro a estar na defesa e no embate da nossa Constituição. As manobras interessam aos que formam o sindicato do golpe”, disse Collor em agosto daquele ano. Ironicamente, quem estava do outro lado da trincheira, defendendo a legitimidade das ações para apear Collor do poder, era o PT.  

 

Naquele momento de efervescência do País, muito semelhante ao vivenciado pelos brasileiros nos últimos dias, os petistas estavam amparados pela lei. “Não tem nenhum paralelo entre golpe e impeachment. O impeachment é uma solução constitucional”, disse em junho de 1992 o então deputado do PT, José Dirceu, em entrevista ao Roda Viva. De lá para cá, a Constituição, ao menos em sua essência, não mudou. Quem mudou foi o PT. Os dois pronunciamentos, de Dilma e Collor, embutem um sofisma destinado a ludibriar a população. 

 

A fala de Dilma, em especial, ignora as fartas evidências dos crimes atribuídos a ela e que dão legitimidade não só ao processo de impeachment em análise na Câmara como a outras iniciativas contra ela no Poder Judiciário, incluindo a investigação em tramitação no TSE para apurar irregularidades na contabilidade da campanha à reeleição. Para a Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Eleitoral há fortes indícios de que Dilma tenha cometido ao menos sete crimes só neste mandato: o de responsabilidade, improbidade administrativa, extorsão, falsidade ideológica, desobediência, o de responsabilidade fiscal e eleitoral. 

 

Na seara criminal, a mais contundente das acusações contra a presidente é a inequívoca tentativa de, em ao menos quatro episódios diferentes, tentar barrar a Lava Jato. Obstruir a atuação da Justiça é crime. Tipificado no inciso 5 do Artigo 6º da Lei 1.079, que define os crimes de responsabilidade passíveis de perda de mandato. Há duas semanas, Dilma foi flagrada em interceptação telefônica, autorizada pelo juiz Sérgio Moro, numa conversa com o ex-presidente Lula para combinar os detalhes de sua nomeação para a Casa Civil. 

 

No diálogo, Dilma disse a Lula que enviaria a ele por intermédio de um emissário um “termo de posse” para ser utilizado “em caso de necessidade”. A presidente começava a atuar ali para impedir que Lula fosse preso. Àquela altura, o Planalto já tinha informações de que o Ministério Público, em Curitiba, estava pronto para pedir a prisão preventiva do petista. Em nota, o Planalto afirmou que o trecho do grampo no qual Dilma diz para Lula usar o termo de posse “em caso de necessidade” não se refere a uma precaução contra uma eventual prisão. 

                            Pedaladas: Para o jurista Ives Gandra, responsabilidade de Dilma é direta

E sim à possibilidade de que o ex-presidente não comparecesse à cerimônia de posse de novos ministros porque a ex-primeira-dama Marisa Letícia encontrava-se enferma em São Paulo. A versão não para em pé. As ações do Planalto confirmam a intenção de Dilma de livrar Lula dos problemas com a Justiça. Numa iniciativa nunca antes adotada na história republicana, a Presidência fez circular edição extra do Diário Oficial para dar a necessária publicidade legal ao ato de nomeação no mesmo dia em que foi assinado pela presidente. 

 

Ao mesmo tempo, Dilma colocou em marcha a seguinte estratégia, conforme apurou ISTOÉ: enquanto Lula ficaria com o termo de posse subscrito pela presidente, esta manteria consigo a documentação assinada pelo petista. Quando os agentes federais abordassem Lula, em São Paulo, ele assinaria a cópia do termo de posse já subscrito por Dilma. Em Brasília, a presidente assinaria o documento contendo a assinatura de Lula, encaminhando-o para publicação no Diário Oficial. E o novo ministro da Casa Civil evitaria a prisão. 

 

Lula não foi para a cadeia, mas a divulgação dos grampos inviabilizou a nomeação. No dia seguinte ao evento no Palácio do Planalto, o juiz federal Itagiba Catta Preta Neto, da 4ª Vara do Distrito Federal, decidiu liminarmente pela suspensão da posse de Lula. As digitais de Dilma, porém, não foram apagadas do ato tipificado na lei como crime de responsabilidade. Para Miguel Reale Jr., um dos juristas signatários do pedido de impeachment de Dilma, o episódio é uma afronta aos princípios republicanos e confere materialidade ao impedimento da presidente. “É um ato de imoralidade administrativa e política, passível de impeachment. 

 

Trata-se de uma tentativa de interferir na Justiça, agora gravada e documentada”, afirma. O inciso 5 do artigo 6º da a Lei nº 1.079 define como crime de responsabilidade exatamente o que os grampos envolvendo Dilma atestaram, ou seja, “opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do Poder Judiciário, ou obstar, por meios violentos, ao efeito dos seus atos, mandados ou sentenças.” 

 

Com a decisão do ministro Teori Zavascki de transferir para Brasília toda a investigação contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, por causa da interceptação de conversas entre o petista e autoridades com privilégio de foro, incluindo a presidente, o assunto será examinado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Em recente entrevista, Janot não descartou investigar a chefe do Executivo. No empenho de Dilma para nomear Lula, também foram observadas evidências de cometimento de crime de desobediência. 

 

Proibido por decisão liminar da Justiça, Lula não chegou a sentar na cadeira de ministro, mas o Diário Oficial da União manteve o ex-presidente petista como titular da pasta. Por esse motivo, o partido Democratas denunciou Dilma à Procuradoria-Geral da República. No entendimento da legenda, ficou caracterizada uma afronta à decisão judicial de sustar o ato presidencial. E isso é crime de desobediência previsto pelo artigo 359 do Código Penal. 

 

A presidente Dilma teria incorrido no crime de obstrução de Justiça em mais três ocasiões, além daquela atestada pelos grampos de Sérgio Moro. De acordo com delação premiada do senador Delcídio do Amaral (MS), Dilma nomeou o ministro Marcelo Navarro para o STJ em troca do compromisso pela soltura de empreiteiros presos em Curitiba. Em outro trecho do depoimento, o senador acusou o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, de tentar comprar o seu silêncio. Não teria sido uma iniciativa isolada do ministro, mas uma ação coordenada pelo Planalto – principalmente por Dilma. 

 

Em recentes entrevistas, Delcídio fez ainda duas revelações gravíssimas. Disse ter sido “escalado por Dilma e Lula para barrar a Lava Jato” e afirmou que a chefe do Poder Executivo costumava alardear o controle sobre cinco ministros no Supremo. “Era clara a estratégia do governo de fazer lobby nos tribunais superiores e usar ministros simpáticos à causa para deter a Lava Jato”. Nestes três casos, mais uma vez fica complicado para a presidente escapar do enquadramento no crime de responsabilidade. “Há fortes indícios de uma obstrução em curso”, disse à ISTOÉ o ex-ministro do Supremo, Carlos Velloso.

 

Na semana passada, a Lava Jato trouxe revelações capazes de amplificar as dificuldades da presidente em se manter no cargo. No relatório de indiciamento do marqueteiro João Santana e de sua mulher e sócia, Mônica Moura, a Polícia Federal apontou que o casal recebeu pelo menos R$ 21,5 milhões entre outubro de 2014 e maio de 2015 – período pós reeleição de Dilma. O dinheiro fora distribuído pelo “departamento de propina” da Odebrecht. Nesse caso, Dilma por ser incluída no crime eleitoral de caixa dois. Adversários da petista pretendem propor ao TSE o compartilhamento dessas informações. 

 

Na corte eleitoral, Dilma já responde por abuso de poder político e econômico, por se valer do cargo para influenciar o eleitor e utilizar de estruturas do governo, como recursos desviados da Petrobras, para vencer a eleição. Estes não são os únicos esqueletos da campanha presidencial que ameaçam o mandato da petista. Caso fique comprovado o depoimento do ex-executivo da UTC Engenharia Ricardo Pessoa, Dilma pode ser responsabilizada também por crime de extorsão. O empreiteiro afirmou ter pago propina à campanha presidencial em 2014, depois de ter sido ameaçado pelo ministro Edinho Silva, então tesoureiro de Dilma, de ter obras canceladas com o governo caso não colaborasse. 

 

Há uma representação na PGR contra Dilma para apurar o achaque. Constranger alguém, mediante ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica também é crime segundo o artigo 158 do Código Penal. Hoje, no entanto, a via eleitoral é considerada o caminho mais lento para apear Dilma do Planalto. Em tramitação na Câmara, o processo de impeachment deve ser concluído em até 45 dias, em desfavor de Dilma. A proposta de impedimento acusa a presidente de incorrer, em 2015, nas “pedaladas fiscais”, como ficaram conhecidos os atrasos nos repasses a bancos públicos a fim de maquiar as contas públicas. 

                      Cantilena: Em discurso na terça-feira 22, Dilma repetiu o mantra da vitimização

A manobra fiscal foi reprovada pelo TCU no ano passado. As “pedaladas fiscais” ferem o inciso III do Art. 11 da Lei 1.079, dos crimes de responsabilidade, que é “contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólices, ou efetuar operação de crédito sem autorização legal”. “Dilma foi alertada em 2013 de que as pedaladas eram ilegais e ao mesmo tempo poderiam provocar a perda do grau de investimento do Brasil. E ela não tomou nenhuma providência. Então, nesse particular, a responsabilidade é direta”, afirmou o jurista Ives Gandra. 

 

“Evidente que aquele que gasta fora da lei e cria um crédito que não estava previsto infringiu a lei”, fez coro Oscar Vilhena, professor de Direito Constitucional da FGV-SP. Sobre o mesmo tema, tramita no TSE uma ação contra a presidente por falsidade ideológica. A documentação traz evidências de que Dilma mentiu à população sobre a real situação de agravamento da crise econômica com maquiagens fiscais, por exemplo. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante é crime estabelecido pelo artigo 299 do Código Penal.

 

Por fim, o sétimo crime pelo qual a presidente pode responder é por improbidade administrativa. O Brasil inteiro testemunhou quando Dilma evocou todo aparato público do governo não para trabalhar pelo País, função para a qual ela foi eleita e é remunerada. Mas para mobilizar avião, helicóptero e seguranças para uma atividade partidária, prestando solidariedade a Lula, um dia após o petista sofrer condução coercitiva para prestar depoimento à PF. A atitude lhe rendeu uma ação na Justiça por improbidade movida por seus opositores. 

 

Na derradeira tentativa de conter o processo de impeachment, o Planalto colocou em prática a tática de judicializar a política. Através da AGU e de uma banca de advogados a serviço de Lula e do PT (leia pág. 34), o governo vem desencadeando uma enxurrada de ações nos tribunais superiores. A presidente não esconde sequer o desejo de bater às portas do STF, caso venha a ser impeachada. Ou seja, imagina que poderá lançar mão de todos os recursos jurídicos possíveis para se manter no cargo. 

 

No ano passado, provocado por petistas, o STF mudou as regras do impeachment com a partida em andamento. Hoje, porém, o cenário é outro. O clima na corte não está nada favorável para o Planalto após a divulgação das sucessivas afrontas ao Judiciário contidas nos grampos envolvendo Dilma, Lula, ministros do governo e próceres do PT. Com a palavra, o Supremo. Com tantas evidências contra a presidente, golpe haverá se as instituições se dobrarem às indecorosas investidas do poder. Mas não, não vai ter golpe.

 

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A orbita penal da presidente 

 

1- CRIME DE RESPONSABILIDADE

 

Obstrução da Justiça I 

Diálogo Dilma/Lula e atos da nomeação

 

Em diálogo mantido entre a presidente e o antecessor na quarta-feira 16, Dilma disse a Lula que enviaria a ele um “termo de posse” de ministro para ser utilizado “em caso de necessidade”. A presidente trabalhava ali para impedir que Lula fosse preso antes de sua nomeação para a Casa Civil. Os atos seguintes corroborariam o desejo de Dilma de livrar Lula dos problemas com a Justiça. Enquanto o presidente do PT, Rui Falcão, informava que a posse de Lula só ocorreria na terça-feira 22, o Planalto mandava circular uma edição extra do Diário Oficial formalizando a nomeação.

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Obstrução da Justiça II

Nomeação do Ministro Navarro

 

O senador Delcídio do Amaral (MS) afirmou em delação premiada, revelada por ISTOÉ, que a presidente Dilma Rousseff, numa tentativa de deter a Lava Jato, o escalou para que ele fosse um dos responsáveis por articular a nomeação do ministro Marcelo Navarro Dantas, do STJ, em troca da soltura de presos da investigação policial.

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Obstrução da Justiça III

Compra do silêncio de Delcídio

 

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, foi escalado para tentar convencer o senador Delcídio a não fechar acordo de delação premiada com o Ministério Pública Federal, que chegou a insinuar ajuda financeira, caso fosse necessário.

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Obstrução da Justiça VI

Cinco ministros na mão

 

O senador Delcídio afirmou que Dilma costumava dizer que tinha cinco ministros no Supremo, numa referência ao lobby do governo nos tribunais superiores para barrar a Lava Jato.

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Enquadramento legal

Inciso 5 do Artigo 6º da Lei 1.079/1950:

 

Opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do Poder Judiciário, ou obstar, por meios violentos, ao efeito dos seus atos, mandados ou sentenças.

 

 

2- CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

Nomeação de Lula no Diário Oficial 

Apesar de decisão da Justiça Federal que sustava a nomeação do ex-presidente para a Casa Civil, Dilma fez o ato ser publicado no Diário Oficial da União.

Enquadramento legal

Artigo 359 do Código Penal: Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial

 

 

3- EXTORSÃO

 

Ameaças para doação de campanha

Ricardo Pessoa, da UTC Engenharia, afirmou ter pago propina à campanha presidencial em 2014 porque teria sido ameaçado pelo ministro Edinho Silva, então tesoureiro de Dilma, de ter obras canceladas com o governo. Há uma representação na PGR contra Dilma para apurar o possível achaque.

 

Enquadramento legal

Artigo 158 do Código Penal: Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

 

 

4- CRIME ELEITORAL

 

Abuso de poder político e econômico na campanha de 2014

Dilma é acusada em ação no TSE de se valer do cargo para influenciar o eleitor, em detrimento da liberdade de voto, além da utilização de estruturas do governo, antes e durante a campanha, o que incluiria recursos desviados da Petrobras.

 

Caixa 2 

A Polícia Federal apontou no relatório de indiciamento do marqueteiro do PT João Santana e de sua mulher, Mônica Moura, que o casal recebeu pelo menos R$ 21,5 milhões entre outubro de 2014 e maio de 2015 - período pós reeleição da presidente Dilma - do “departamento de propina” da Odebrecht. Isso reforça as suspeitas de caixa 2 na campanha, descrita no Código Eleitoral como “captação ilícita de recursos”.

 

Enquadramento legal

Art. 237, do Código Eleitoral: A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos com cassação e ineligibilidade.

 

5- CRIME DE RESPONSABILIDADE FISCAL

 

Pedaladas fiscais

A presidente Dilma incorreu nas chamadas “pedaladas fiscais”, a prática de atrasar repasses a bancos públicos a fim de cumprir as metas parciais da previsão orçamentária. A manobra fiscal foi reprovada pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Enquadramento legal

Inciso III do Art. 11 da Lei 1.079/1950: Contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólices, ou efetuar operação de crédito sem autorização legal

Decretos não numerados

A chefe do Executivo descumpriu a lei ao editar decretos liberando crédito extraordinário, em 2015, sem o aval do Congresso. Foram ao menos seis decretos enquadrados nessa situação.

 

Enquadramento Legal

Inciso VI do Artigo 10 da Lei 1.079/1950: Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal.

 

 

6- FALSIDADE IDEOLÓGICA

 

Escondendo o rombo nas contas

Corre uma ação no TSE em que os partidos de oposição acusam acusa a presidente Dilma de esconder a situação real da economia do país, especialmente no ano eleitoral.

 

Enquadramento legal

Art. 299 do Código Penal: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

 

 

7- IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

 

Visita político-partidária

Dilma foi denunciada na Justiça por mobilizar todo um aparato de governo – avião, helicóptero, seguranças – para prestar solidariedade a Lula em São Bernard, um dia após o petista sofrer condução coercitiva para prestar depoimento à Polícia Federal no inquérito da Operação Lava Jato. O próprio ato de nomeação de Lula na Casa Civil pode ser enquadrado neste crime.

 

Enquadramento legal

Art. 11 da Lei nº 8.429/1992: Constituti ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.

 

 

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A estratégia do impeachment

 

Enquanto governo abre o balcão de negócios para conseguir votos favoráveis, a oposição trabalha para acelerar a tramitação do processo

 

Para acelerar ao máximo o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, a oposição recuou da proposta de incluir na peça contra a presidente Dilma Rousseff as denúncias contidas na delação premiada do ex-petista e senador Delcídio Amaral (MS). A decisão veio após o PT e outros integrantes da base aliada questionarem o aditamento e ameaçarem entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal, o que aumentaria o prazo de tramitação do processo. 

 

Segundo o líder do DEM na Câmara, Pauderney Avelino (AM), entretanto, a iniciativa não prejudicará o processo. Ele afirma que “as pedaladas fiscais, os prejuízos com a compra da refinaria de Pasadena e a edição de decretos de abertura de crédito orçamentário sem autorização do Congresso já são suficientes para justificar o impeachment”. Além disso, oposicionistas avaliam que a retirada não impedirá que o relator, Jovair Arantes (PTB-GO), inclua todas as informações da delação que achar pertinentes em seu relatório final.

 

Agora, o mais importante na avaliação de oposicionistas é alimentar o clima antigovernista junto à opinião pública, o que favorece diretamente o placar do impeachment. Na última semana, chegou a ser sugerido ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que a votação final, prevista para meados de abril, fosse agendada para um fim de semana, com o objetivo de inflamar protestos pelo país. Por sua vez, o governo montou uma operação de guerra, em que negocia ministérios e diversos cargos públicos, em busca de votos a seu favor.

 

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As duas faces de cardozo

 

Ministro da AGU, que criticou grampo sobre a presidente Dilma, defendeu mesma postura da PF em caso semelhante envolvendo Demóstenes Torres

 

A postura do ministro José Eduardo Cardozo desde que saiu o Ministério da Justiça e assumiu a Advocacia Geral da União tem chamado a atenção devido a sua súbita mudança de convicções. Em 2012, explodiu o escândalo envolvendo o bicheiro Carlinhos Cachoeira, quando a operação Monte Carlo desbaratou um esquema de corrupção e exploração máquinas de caça-níquel em Goiás. Durante as investigações apareceu a voz do então senador Demóstenes Torres falando sobre dinheiro com Cachoeira. 

 

Na época, Cardozo defendeu os investigadores. Em entrevista ao jornalista Fernando Rodrigues, o ministro foi perguntado se a PF havia extrapolado suas funções ao continuar a investigar Cachoeira depois que apareceu a voz do senador, pois este gozava de foro privilegiado. Cardozo foi catedrático: “A meu ver não (...) O investigado era Carlos Cachoeira. A partir do momento em que se evidenciou para o juiz que havia uma possível situação de envolvimento no esquema de Carlos Cachoeira de Demóstenes Torres, ele resolve encaminhar para instância superior”. “A Polícia Federal cumpriu rigorosamente a lei, atendeu as ordens do juiz. 

 

Portanto, atuou exemplarmente neste caso. Não vejo ilegalidade naquilo que ocorreu”, afirmou Eduardo Cardozo. Já na última semana, como advogado da presidente, o mesmo ministro saiu atirando sobre o episódio do grampo nos telefones do ex-presidente Lula, autorizado pela Justiça, que acabou flagrando uma fala da chefe do Executivo. “Você pega uma escuta dentro de um contexto, tira uma série de conclusões de possibilidades, não de certezas. 

 

Quando isso vem a público, isso dá uma repercussão imensa e às vezes não é nada daquilo. Mas só que a honra da pessoa já foi atingida, por isso há que se tomar muito cuidado com essas análises que se faz de material apreendido porque elas podem não expressar a verdade. Nós passamos a ter no Judiciário o guardião de quaisquer situações que devem ser postas no âmbito da ação governamental direta. As ações judiciais passaram a ser um instrumento de ação política”, esbravejou. 

fonte: http://www.istoe.com.br/reportagens/449533_OS+7+CRIMES+DE+DILMA?pathImagens&path&actualArea=internalPage